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Foto: tlaxcultuarte
La llegada de migrantes y los postes asesinos de Apizaco
Raúl Contreras Flores
Tlaxcala, Tlax.- 28 de agosto de 2018.- Días atrás sostuvimos una entrevista con el padre Elías Dávila Espinoza, quien desde hace varios años se encuentra al frente de la casa del migrante ubicada en la ciudad de Apizaco, también conocida como Albergue La Sagrada Familia.
Foto: tlaxcultuarte
Cuestionado acerca del status que actualmente presenta este lacerante problema político-social, Dávila Espinoza responde que el asunto de los migrantes no es sino la expresión de la crisis humanitaria que se vive principalmente en los países centroamericanos, y que a pesar de las locuras y tonterías que a diario vocifera el presidente norteamericano Donald Trump, entre las que destaca el veto impuesto a los latinoamericanos para impedir su ingreso a los Estados Unidos y de separar a las familias de los indocumentados, a la fecha la presencia de migrantes en el albergue ha llegado a triplicarse en relación a la cantidad que se tenía registrada el año pasado. Es decir, que de una asistencia diaria promedio de 60 migrantes, en estos días se han alcanzado a registrar hasta 200; razón que, en contra de su voluntad, los obliga a cerrar las puertas a más indocumentados para evitar que exista hacinamiento y que éste llegue a provocar problemas entre los refugiados.
No obstante estas adversidades, el migrante prefiere seguir su camino y arriesgarse sin importar su vida ni su familia. Arriesgarse porque en su país de origen no hay trabajo y sí mucha violencia, por eso prefieren emigrar, aunque por desgracia, lo reconoce este sacerdote humanitario, aquí en México se encuentran con un lugar extremadamente violento.
Foto: tlaxcultuarte
En efecto, la violencia que se ejerce en contra de los indocumentados que están de paso por el territorio mexicano es cruel, aterradora, inhumana, y la entidad tlaxcalteca no es la excepción, aquí tampoco existe el mínimo respeto a sus derechos humanos por parte de las diferentes corporaciones policíacas, por el contrario, lo que sí existen son denuncias penales por agresiones físicas cometidas en contra de migrantes por elementos policíacos. Al respecto, el padre Elías Dávila con pesar acepta que aunque no se quiera reconocer, así como los gringos, aquí en México también existe racismo y más en contra de los migrantes centroamericanos, a los que considera son los más pobres de los pobres, los que no tienen nada más que subirse al tren, a diferencia de los indocumentados venezolanos o colombianos que llegan directamente a la frontera norte y pasan al otro lado con el apoyo de polleros, a quienes pagan fuertes cantidades de dinero.
Esas condiciones manifiestas de pobreza, de acuerdo a lo dicho por el padre Dávila, permiten que sean fácilmente identificados por los policías, quienes alentados por un exacerbado racismo los extorsionan, roban y agreden física y verbalmente hasta llegar a cometer detenciones arbitrarias. Esto a pesar de que las policías municipal, estatal y federal no están autorizadas para detener migrantes, ya que el hecho de portar un uniforme no les da derecho a cometer actos intimidatorios, y proceder de tal forma es incurrir en un delito. Y, aunque los agentes de migración en muchas ocasiones sin razón corretean al indocumentado centroamericano, al más pobre de los pobres, Dávila Espinoza les pide que aun si éste cometiera algún delito sea tratado conforme lo marca la ley; que si llevan a cabo redadas no los maltraten, no los insulten, que les den un trato digno; y si alguno de ellos está enfermo lo canalicen al albergue para que le presten atención médica.
A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) piden que toda persona sea tratada con dignidad, que tenga libre tránsito, que tenga atención médica, educación, trabajo. Si el migrante no tiene documentos eso no implica que tenga que ser maltratado, y sólo puede ser detenido si existe una orden judicial.
El también párroco del templo de Cristo Rey señala que actualmente se tienen presentadas dos quejas en contra de agentes de migración, precisamente, por violaciones a los derechos humanos, ya que una cosa es detener y otra golpear, incluso la denuncia es de carácter penal por intento de asesinato.
Respecto a las intenciones de mejorar las instalaciones del albergue, el padre defensor de migrantes desea que la casa sea un oasis donde llegue el migrante y diga: esta es mi casa. Se bañe, descanse y esté unos días, aunque si hay mucha gente nada más se puede quedar una noche, y si hay poca se queda dos noches, más tiempo no se puede quedar, debido a la escases de alimentos.
Ante la falta de apoyos, su esperanza se cifra hoy con la llegada del nuevo gobierno federal que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador. El primer acercamiento formal con los enlaces del futuro gobierno lópezobradorista, será el próximo 17 de septiembre en las instalaciones del Albergue La Sagrada Familia, en donde habrá de llevarse a cabo una consulta con el tema de la migración, a partir de la cual esperan obtener el apoyo largamente deseado y que a la fecha ninguna autoridad local les ha podido ofrecer.
Otro punto abordado se refiere a las versiones de la presunta molestia que causa la presencia de los indocumentados entre el vecindario, ante el temor de sufrir asaltos o provocar conflictos sociales, lo cual, de acuerdo al padre Elías, es totalmente falso. Y cita como ejemplo la valiosa ayuda que los vecinos ofrecieron cuando, de manera inesperada, a los 60 migrantes que se encontraban alojados en el albergue se sumaron alrededor de 150, obviamente que no había suficiente comida para ofrecerles, los vecinos se enteraron, se organizaron y les ofrecieron de comer, gracias a Dios todos comieron y, como dice Jesús en el evangelio: comieron hasta saciarse, apunta el sacerdote.
Lo cierto es que la inseguridad está presente en la Colfer –lugar donde se encuentra ubicado el albergue-, en otras partes de Apizaco, en Tlaxcala, en Huamantla, en todo el estado; por lo tanto, la delincuencia y la inseguridad no es atribuible a los migrantes. Motivo por el cual también se evita que un migrante se estacione en el albergue por más de una semana, eso generaría problemas, por eso se les informa que sólo pueden estar dos tres días y seguir su camino.
De paso se aclara que las personas que se encuentran pidiendo ayuda en los cruceros viales en diferentes ciudades del estado no son migrantes, son ciudadanos mexicanos, y aunque este asunto corresponde atender a la autoridad municipal, de ninguna manera se les puede retirar, aunque ahí podrían existir delitos como sería la explotación de menores de edad, a quienes estarían obligando a trabajar y, en algunos casos, podría ser incluso hasta trata con fines sexuales.
Y dejamos al final de la charla un tema por demás ignominioso como abyecto, tal es el caso de la colocación de los postes de concreto asesinos de más de un metro de altura, a los largo de más de dos kilómetros en ambos lados de las vías del tren, justamente en las inmediaciones de la casa del migrante y en la salida a Muñoz. Acerca de este lamentable asunto, el sacerdote protector de migrantes comenta que ya han tenido acercamientos con la empresa Ferrosur y con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para tratar de llegar a un acuerdo. La primera argumenta que la colocación de esos postes se debe a que están asaltando los trenes y esa es una defensa, nosotros les decimos que sí, están robando a los trenes pero no aquí, que es la entrada a la estación, en tanto que la SCT dice que ese es un tramo federal que está dado en concesión, y entonces no se puede mover nada. Esperan que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República se hagan las gestiones necesarias para que se retire por lo menos una parte de esos postes asesinos, cuya última víctima ha sido un indocumentado hondureño que al intentar subir al tren se estrelló contra uno de esos postes, se lastimó la mano y le tuvieron que amputar tres dedos.
Foto: tlaxcultuarte
Evidentemente que ha faltado voluntad por parte de las autoridades de la SCT para resolver esta afrenta que ya cobró varias vidas y amputaciones a decenas de migrantes. Es cierto, la concesión otorgada en el gobierno de Ernesto Zedillo a la empresa privada Ferrosur no está a discusión –que debiera estarlo en este nuevo escenario político-, pero dentro de los acuerdos de esa concesión se puede y debe exigir el retiro de esos postes asesinos, ya que atentan en contra de la vida de seres humanos.
Y concluye el padre Elías Dávila Espinoza: vamos a insistir en que retiren los postes para que nuestros hermanos migrantes puedan subir y bajar del tren sin problemas, porque pienso que entre las exigencias de estos últimos años, o de los grandes desafíos de los próximos años de nuestra historia, es dar respuesta al problema de la migración.
