0
0
Primera Parte
Si se quisiera abordar con seriedad el tema de la sucesión gubernamental en el estado de Tlaxcala, cuya jornada electoral se llevará a cabo el 6 de junio de 2021-por supuesto, si la pandemia por SARS-CoV-2 lo permite-, los electores tendrían que analizar a fondo la trayectoria personal y política de los aspirantes priistas y morenistas: Anabell Ávalos Zempoalteca, Florentino Domínguez Ordóñez y Noé Rodríguez Roldán, por parte del PRI, y Ana Lilia Rivera Rivera, Dulce María Silva Hernández y Lorena Cuéllar Cisneros, por parte de Morena (todos citados en estricto orden alfabético). A quienes muy seguramente se habrá de unir Óscar Vélez Sánchez, el aún presidente municipal de El Carmen Tequexquitla, quien seguramente competirá bajo las siglas del recién aprobado partido nacional Redes Sociales Progresistas (RSP).
No obstante, entre esta lista de aspirantes los ataques y descalificaciones ya iniciaron, sobre todo entre dos aspirantes morenistas: de acuerdo a los señalamientos mediáticos que ha hecho el equipo de Dulce María Silva, incluso valiéndose de columnistas nacionales, pesan sobre Lorena Cuéllar sendas denuncias interpuestas ante la FGR y el TEPJF, por presuntos recortes cometidos en el pago a beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cuyos recursos obtenidos de manera ilícita irían a parar a las arcas lorenistas para apoyar su campaña política hacia la gubernatura del estado.
De ser cierta esta acusación, la ex súper delegada de la Secretaría de Bienestar estaría metida en serios problemas, ya que con la reforma hecha al artículo 19 de la Constitución quedaría sujeta a proceso penal de acuerdo a lo establecido en el citado artículo que en el primer párrafo dice: (…) auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el párrafo segundo se lee: El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, (…). (subrayados míos).
De resultar ciertas estas acusaciones, Lorena Cuéllar tendría que enfrentar un proceso penal tras las rejas, lo cual la dejaría fuera de la contienda electoral; en caso contrario, su equipo de asesores jurídicos seguramente habrán de actuar en consecuencia en contra de los presuntos demandantes y quienes han hecho públicas tales denuncias.
En el caso de Dulce María Silva -esposa de César Yáñez Centeno, coordinador general de Política y Gobierno en el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador- no ha sido necesario hacerle acusación alguna, basta con observar el derroche de recursos empleados en la fallida promoción de su imagen a través de llamativos espectaculares, reparto de trípticos, cubrebocas y otros utilitarios, entrevistas en diversos medios, replicar de cualquier manera y todo el tiempo las presuntas acusaciones en contra de Cuéllar Cisneros, así como la generosa compra de espacios publicitarios en las redes sociales y, presuntamente, la compra millonaria de espacio publicitario en un medio impreso local.
Es decir, que sus enemigos están dentro de su propio equipo de trabajo, me refiero específicamente a sus “expertos asesores de imagen”; en efecto, aquellos que se dedican a fabricar atractivos productos o mercancías vendibles dentro del ámbito político, quienes se hacen llamar “expertos en el marketing político”, por cierto, uno de los cuales presuntamente se les habría fugado con todo y dinero.
Aunque quizá el Waterloo de la inexperta política lo constituya la denigrante imagen que publicó en su Facebook personal, en donde se le ve afuera de una panadería obsequiando pan a un menor de edad y exponer públicamente su rostro, lo cual constituye un delito al atentar en contra de la honra, imagen y reputación del infante.
Y como ésta, otras imágenes más utilizadas para sus fines propagandísticos electorales, en las que aparece acompañada de locatarios o personas de la tercera edad, sin aplicar las medidas sanitarias mínimas establecidas por la Secretaría de Salud para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la terrible pandemia que azota al mundo entero.
Grave error, probablemente equiparable, por supuesto, toda distancia guardada, al “¡Cállate, chachalaca!”, endilgado por el entonces candidato perredista a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador al presidente Vicente Fox Quezada, cuyos comentarios entre la opinión pública en su mayoría resultaron adversos al tabasqueño; y no precisamente me refiero al resultado de la jornada electoral del 2 de julio de 2006, en donde a través del fraude cometido y reconocido por el mismo presidente, permitió a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, usurpar la presidencia y ensangrentar al país.
Así, Dulce María Silva y su “equipazo” de asesores políticos y de imagen cavan su propia tumba.
Mientras tanto, alejada de los escándalos y miserias políticas, la senadora Ana Lilia Rivera continúa con su labor legislativa, en el intenso debate parlamentario de iniciativas de ley en beneficio de la nación, temas como la prohibición de agroquímicos altamente perjudiciales a la salud, como lo es el glifosato, considerado como una sustancia altamente tóxica y peligrosa para los humanos, para el medio ambiente y otros organismos. Además de trabajar en temas de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, o bien, el reciente como polémico debate que se da en torno a la regulación del cannabis, entre otros.
En tanto que el trabajo proselitista entre sus simpatizantes lo lleva a cabo sin estridencias, sin bajezas ni golpeteo a sus adversarios políticos, compite en buena lid por alcanzar la candidatura al gobierno del estado.
Qué pena que haya sido el INE quien le marcara a Morena el método para elegir a sus candidatos, porque un debate público entre las tres aspirantes hubiese demostrado a la más preparada, con más experiencia y sensibilidad política para ocupar la candidatura al gobierno de estado y abanderar al partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
