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- Aparición de mensajes amenazantes en La Magdalena Tlaltelulco
- Responsabilidad legal de la autoridad estatal y municipal
- Infodemia ante la pandemia
No es la primera vez que grupos de ciudadanos asumen este tipo de conductas; sucedió el pasado mes de mayo en la comunidad de Capulhuac, municipio de Otzolotepec, estado de México, cuando decenas de vecinos impidieron con violencia a trabajadores municipales realizar labores de sanitización en aquella demarcación, al considerar que mediante esa acción se esparcían agentes químicos causantes de la enfermedad identificada como Covid-19.
Esa noche del viernes 8 de mayo lugareños golpearon a uno de los empleados y al director de Gobernación, además de destruir dos autos oficiales.
Esto a pesar de que días antes en su cuenta oficial de Facebook se había anunciado que: “En el Ayuntamiento de Otzolotepec, a través de personal de servicios públicos, Protección Civil y otras instancias, queremos informarte que durante la sanitización realizada en nuestras calles NO SE RIEGA O ESPARCE EL VIRUS, como señalan grupos de personas, ya que se aplica hipoclorito para limpiar las vías de esos agentes patógenos con el fin de evitar más contagios de COVID-19”. (https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/09/impiden-labores-de-sanitizacion-en-comunidad-del-edomex-7560.html).
A pesar de la notificación, los servidores públicos fueron agredidos bajo el argumento de que “si estas labores de rociar con pipas las calles no son nada malo, por qué entonces se realizan en la noche, cuando la gente duerme”. (sic)
Mientras otra voz remataba: “si es buena la sanitización entonces porque carajos se hace a media noche… Y con vehículos inadecuados”. (resic)
Y Tlaxcala no es ajena a esa reprobable conducta, ya que a escasos seis días posteriores a los hechos provocados en Otzolotepec, la noche del jueves 14 de mayo pobladores de comunidades del municipio de Tlaxco también mediante actos violentos impedían labores de sanitización de calles.
En la comunidad Lagunilla agredieron a trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Dirección de Protección Civil municipal, además de personal de otras áreas del ayuntamiento de Tlaxco; igual que en caso anterior, varias unidades vehiculares oficiales fueron vandalizadas y quemadas, entre ellas, una ambulancia del municipio de Atlangatepec.
La tensión social aumentó al sumarse a los actos de violencia vecinos de las comunidades de San José Tepeyahualco, en donde incluso hubo disparos de arma de fuego, y de José María Morelos Buenavista.
Se dice que en este caso “la posible desinformación habría provocado que los pobladores se opusieran a la sanitización preventiva de las calles por el Covid–19, por lo que reaccionaron de forma violenta hasta agredir a funcionarios municipales y estatales que llevan a cabo el programa nocturno”. (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/impiden-pobladores-la-sanitizacion-de-calles-en-comunidades-de-tlaxco-con-actos-violentos/).
Hoy, a ocho meses de distancia de esos lamentables hechos, familias del barrio de San Nicolás, municipio de La Magdalena Tlaltelulco, han colocado en sus domicilios lonas en las que se lee: “Los vecinos de San Nicolás nos oponemos a cualquier tipo de sanitización si eres sorprendido atente a las consecuencias.”
Francas como irracionales amenazas que contravienen las disposiciones sanitarias que, ante el incontenible repunte de personas fallecidas y contagiadas por el coronavirus SARS-CoV-2, han emitido tanto las autoridades federales como estatales del sector salud.
La manifiesta ignorancia o irresponsabilidad de esas familias no puede estar por encima del derecho a la salud de la población. En este caso es responsabilidad directa, en una primera instancia, de la autoridad municipal enfrentar y tratar de solucionar esta problemática, ya que es quien gobierna ese territorio y tiene la obligación de hacer respetar el estado de derecho; enseguida se encuentra el gobierno del estado, quien, a través de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala y el Consejo Estatal de Salud, tiene los elementos jurídicos suficientes para proceder en contra de quien o quienes intenten afectar la salud de la población.
Dada la complicada situación que se vive a causa de la pandemia por Covid-19, sería deseable que incluso se pudiera solicitar apoyo a la Federación para cumplir las labores de sanitización en todas las comunidades de la entidad, si así se requiriera.
En este sentido no sería descabellado pedir la intervención de las fuerzas armadas, en este caso la Guardia Nacional, para persuadir toda acción que atente contra la salud de miles de ciudadanos, recordemos que los brotes de violencia entre la ciudadanía ya comenzaron a aparecer en diferentes partes del país, precisamente por reclamar a ciudadanos que aún se niegan a aplicar las medidas sanitarias básicas, como son el uso de cubrebocas en lugares públicos –mercados, tianguis, centros comerciales-, aplicación de gel antibacterial, guardar la sana distancia y evitar salir a la calle con menores de edad y personas de la tercera edad.
Dejar crecer la aparición de mensajes amenazantes, aparentemente intrascendentes, sería caer en actitudes irresponsables de complicidad u omisión, cuyos resultados podrían ser de fatales consecuencias.
Mención aparte merece el grave peligro que representa la desinformación o infodemia que se padece en diferentes medios de comunicación impresos, digitales, electrónicos y, por supuesto, en las redes sociales.
Abundancia de información falsa o maliciosa referente a la pandemia que se propaga con inusitada velocidad y que provoca pánico o angustia entre amplios sectores de la población.
Práctica sistemática que tendría como objetivo descalificar el trabajo de las autoridades sanitarias federales y algunas estatales con fines meramente políticos.
