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- Los “fondos moche” de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021
- Las denuncias penales interpuestas por la Conaso y la solicitud de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Denuncia en contra de diputada de la LXIII Legislatura local
Probablemente una de las denuncias más fuerte que se le presentó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a la entidad tlaxcalteca el pasado viernes 12 de febrero, a propósito de la inauguración de la primera etapa de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”, ubicada en el municipio de Xaltocan, fue la que hizo la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso).
Ahí, el dirigente estatal Domingo Meneses Rodríguez, entregó al equipo de logística de la Presidencia copias de dos denuncias penales interpuestas para que sean investigados los 25 diputados de la LXIII Legislatura local por haberse autoasignado, “de manera ilegal”, más de mil 340 millones de pesos durante el período que lleva su gestión y después negociarlos con los presidentes municipales para la ejecución de obra pública, apoyos al campo, compra de equipos y productos varios, pago de eventos culturales y festividades, entre otras acciones.
Como se recordará, desde el mes de septiembre del año pasado, la Conaso denunció penalmente a los legisladores, presuntamente por incurrir en los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, uso ilegal de atribuciones y facultades, además de tráfico de influencias, cohecho y peculado, entre otros.
Y es que, desde el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 los diputados locales, en el Decreto No.80, artículo 116, fracción XIII, establecieron un “Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios” por 250 millones de pesos distribuidos en 217 proyectos; en tanto que la fracción XV contempló un “Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo” por 154 millones 500 mil pesos divididos en 179 acciones.
La sumatoria de ambos fondos dio un total de 404 millones 500 mil pesos, los que fueron distribuidos a discreción por los 25 legisladores del Congreso del Estado entre los presidentes municipales.
En los Transitorios, el artículo séptimo planteó que: “Los recursos considerados en este presupuesto en el artículo 117, bajo los rubros “FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS” y “FONDO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO AL CAMPO”, serán ejercidos previa firma de convenio entre el Gobierno del Estado y los municipios ejecutores a más tardar en el mes de febrero, con la participación de este Congreso del Estado como testigo. (sic)
En el Presupuesto de Egresos 2020, Decreto No. 190, se establece:
Artículo 118. Se crea y establece el Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala, con un monto de $486,250,000.00.
Artículo 119. El Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala es de ejecución Municipal, previa firma del Convenio con el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y se destina exclusivamente para obra pública y/o acciones sociales, que en razón del detrimento y/o disminución de las finanzas municipales.
Artículo 120. La Secretaría de Planeación y Finanzas, será la encargada de recibir las propuestas y/o solicitudes realizadas por cada Municipio.
En este Ejercicio Fiscal se contemplaron 373 acciones entre ejecución de obra pública, adquisición de equipos y productos de diferente tipo, pago de eventos culturales y festividades, por ejemplo, el “Festejo de Feria Anual de San Damián Texóloc 2020”, presupuestado en 2 millones, 450 mil pesos.
Igual que el año anterior, la asignación de los recursos y número de acciones para cada municipio quedó en manos de cada uno de los 25 legisladores locales.
Mientras que el Presupuesto de Egresos 2021, Decreto No. 297, establece en el Artículo 106: Las provisiones económicas que el Gobierno del Estado realice en el presente ejercicio fiscal tienen como propósito contribuir a la generación de un balance presupuestario positivo, controlar las ampliaciones y reducciones presupuestales tanto en el gasto como en el ingreso, así como establecer fondos de blindaje financiero específicos que permitan atenuar los efectos de situaciones adversas en las finanzas públicas del Estado.
El monto total de los Fondos de Blindaje Financiero es de mil 108 millones 509 mil 395 pesos, de los cuales, 450 millones le fueron asignados al “Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado”; cantidad distribuida en 341 acciones.
Como repetición de los ejercicios fiscales anteriores, es decir, 2019 y 2020, la distribución o negociación de los recursos de este Fondo fue de manera directa entre los 25 diputados y los alcaldes.
Para los tres años se establece que estos programas o fondos son completamente gratuitos y no requieren participación alguna de los entes ejecutores (municipios) ni de los ciudadanos, “salvo en aquellos casos donde los entes ejecutores decidan incrementar sus metas, podrán realizar su aportación correspondiente”.
Sin embargo, ante la cada vez más cuestionada participación de estos diputados en el manejo discrecional de partidas presupuestales que no les corresponden, que están completamente fuera de su ámbito, de sus atribuciones, ya que sus TRES FUNCIONES sustantivas son LEGISLAR, FISCALIZAR Y GESTIONAR, más nunca realizar labores propias de un director de obras públicas, de un urbanista, de un planificador, de un constructor, de un proveedor, de un gestor cultural, ni sentirse “asesores” del sector agrícola ni campesino, mucho menos asumir funciones de beneficencia social con fines meramente de lucro político-electoral, hoy la Conaso ha puesto el dedo en la llaga de quienes integran la peor legislatura en la historia contemporánea de la entidad tlaxcalteca.
No bastó con haber interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado y ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que en días pasados acudió la dirigencia estatal de la organización de la Sociedad Civil, encabezada por Domingo Meneses, a Palacio Nacional a entregar personalmente las carpetas que contienen las evidencias de la serie de presuntas irregularidades en las que han incurrido los 25 legisladores locales en el manejo de los mil 340 millones 750 mil pesos que se autoasignaron para su manejo discrecional en los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
Acerca de esta presunción, vale recordar la acusación realizada en contra de la diputada morenista Mayra Vázquez Velázquez por parte del alcalde de San Lucas Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez Morales, quien la habría denunciado ante la Fiscalía anticorrupción porque presuntamente le pidió alterar las facturas de la compra de herramientas para campesinos.
Los proyectos en los que participó este municipio en aquel 2019 fueron: Proyecto Productivo Adquisición de ganado bovino de leche y engorda, ovinos para cría y engorda, cerdos para cría y engorda, alzas apícolas, maquinaria para preparación de alimento, molino de martillos, ordeñadoras, taques enfriadores e implementos agrícolas, al que se le asignó un monto de 911 mil 315 pesos 79 centavos; así como el: Proyecto de traspatio Insumos agrícolas (fertilizantes orgánicos, semilla híbrida, herbicidas, fungicidas, para cultivos de maíz, trigo, cebada, avena, frutales, etc.) Adquisición de aves de postura, conejos, sistemas de riego por goteo, paquetes de herramientas manuales, microtúneles, sembradoras de tiro animal, con 100 mil pesos.
A pesar de ser mínima la asignación en estos rubros, un total de un millón 11 mil 315 pesos 79 centavos, el edil Vázquez Morales denunció el presunto “moche” que le exigía la diputada Mayra Vázquez mediante la alteración de los montos de las facturas de las herramientas adquiridas, al pedir que se aumentara de 900 a más de cuatro mil pesos cada mercancía. Denuncia que a la fecha aún no tiene resolutivo alguno.
Otro escandaloso caso es el del diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, el cual habremos de abordar en próxima entrega.
De manera específica, Meneses Rodríguez solicita, entre otros puntos, la intervención directa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza el implacable Santiago Nieto, para que se realice una profunda investigación en el manejo de esos programas y/o fondos cuyo origen es recurso federal, tal como está enunciado en el artículo 107, al precisar que la entrega de los recursos a los fondos estará sujeta a que se cumplan los pronósticos de ingresos y recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado reciba los recursos de Participaciones Federales.
Así como la Conaso, el pueblo tlaxcalteca seguro desea que las denuncias interpuestas lleguen hasta sus últimas consecuencias y, si hay delitos que perseguir, simplemente que se aplique la ley que corresponda.
Más información de la distribución o negociación de los “fondos moche” por distrito, en la próxima entrega, quizá esto no dé luz para conocer al menos uno de los posibles orígenes de las fortunas de los nuevos diputados millonarios, las nuevas monarquías que, cual hongos en tiempos de lluvia, brotan por todo el territorio de la antes bravía tierra tlaxcalteca.
