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panorama21
En el peor gobierno estatal de los últimos 40 años en Tlaxcala, al que se suma un Congreso local que raya en la abyección, y una mayoría de presidentes municipales arrodillados ante la gobernadora Lorena Cuéllar, se aprobó vía rápida una reforma constitucional para que una persona no originaria de la entidad encabece la Secretaría de Gobierno; esto ante la decisión del mediocre Sergio González Hernández de renunciar a tal cargo para ir en busca de la candidatura al Senado de la República.
Un asunto triplemente preocupante. Uno, porque tanto el Poder Legislativo local como la mayoría de alcaldes muestran estar al servicio del Poder Ejecutivo, condición que le permite a éste tomar decisiones políticas autoritarias y antidemocráticas, al anteponer intereses personales o de camarilla, al interés supremo del pueblo.
Dos, porque en este caso específico llega una persona severamente cuestionada tanto en su calidad moral, como en su desempeño de funcionario público, ya que, si bien sus problemas de índole familiar supuestamente han sido resueltos, pesan sobre su paso como secretario de Medio Ambiente sendas denuncias de actos de presunta corrupción e impunidad que hasta el momento no han sido atendidas.
Tres, causa enorme inquietud y extrañeza la inusitada rapidez con la que fue aprobada e inmediatamente publicada en el Periódico Oficial del Estado la mencionada reforma constitucional para dar legalidad a la asunción de Luis Antonio Ramírez Hernández a la Secretaría de Gobierno, por cierto, ahijado de Lorena Cuéllar.
Si, por alguna causa -enfermedad, por ejemplo-, llegara a separarse del cargo la mandataria, el originario del estado de Morelos, tendría muchas probabilidades de hacerse cargo de la conducción de la entidad tlaxcalteca.
A todo esto, ¿qué poderosos intereses, ajenos a Tlaxcala, se encuentran detrás del ahijado?
