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panorama21
Ahora resulta que algunos diputados de la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala, han subido a la tribuna a darse golpes de pecho y argumentar que ignoraban lo que iba a pasar con la reforma constitucional que ellos mismos aprobaron por la vía rápida para permitir que una persona no nacida en la entidad y con una residencia no menor de tres años, en lugar de siete, pueda ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobierno.
Si bien, dicen los expertos, ésta fue una decisión legal y legítima, desde el punto de vista que deja de ser una ley discriminatoria, no deja de ser inmoral y perversa desde el momento en que a la gobernadora Lorena Cuéllar le urgía esa reforma para colocar a su ahijado, Luis Antonio Ramírez Hernández, en tal cargo; funcionario sobre de quien pesan antecedentes de ser deudor alimentario, además de ser señalado por, presuntamente, encubrir graves actos de corrupción e impunidad cometidos durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente.
Fue una reforma constitucional a modo fraguada desde el Palacio de Gobierno, cuyo destinatario estaba plenamente identificado, por lo que cabría preguntar cuánto costó llevar a cabo tal modificación.
Lo mismo pasó con la designación del nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, quien, sorpresivamente fue elegido de manera unánime, y poco faltó para que recibiera mención honorífica.
Sin embargo, la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso), con Domingo Meneses al frente, ya prepara una denuncia por presunta malversación de recursos públicos en los que habría incurrido el nuevo auditor durante su paso como tesorero en San Pablo del Monte, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el manejo de los famosos «fondos moche».
