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panorama21
El desalojo de vendedores ambulantes y semifijos que en días pasados se realizó en algunas calles del centro de la ciudad de Tlaxcala tenía que explotar y este día explotó.
Frente a las puertas del Palacio Municipal, decenas de vendedores llevaron a cabo un mitin de protesta en el que reprocharon a las autoridades el haberlos expulsado de su lugar de trabajo y, por consiguiente, quitarles la fuente de ingresos que les permitía llevar el sustento diario a sus familias.
Los argumentos esgrimidos por funcionarios del ayuntamiento es que sus puestos “estorban el paso de los peatones y ponen en riesgo su seguridad”, que «no cuentan con los permisos correspondientes», y que la decisión fue tomada con base en un “Decreto”, el cual nadie conoce.
Lamentablemente, este tema no es nuevo ni exclusivo de Tlaxcala, está presente en todo el país derivado de la falta de fuentes de empleo, de los raquíticos salarios, de la exigencia de documentos y experiencia que en muchos casos es muy difícil de cumplir, entro otros factores.
El problema no es que los vendedores “estorben” o “afeen” los espacios urbanos, es un grave problema estructural que los gobiernos deben atender y dar una solución basada en estudios económicos, técnicos y sociales para ofrecer espacios dignos y viables de tener éxito comercial, para que estas personas que tienen necesidad de trabajar por su cuenta aguantando intensos fríos, altas temperaturas o torrenciales aguaceros en plena vía pública, tengan mejores condiciones para desempeñar su trabajo y poder llevar el pan a sus casas. Utilizar a la fuerza pública como solución al “problema”, sólo va a desencadenar violencia innecesaria.
