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panorama21
La llegada de reconocidos activistas sociales a los partidos políticos en Tlaxcala es un asunto que merece ser observado con mucho detenimiento.
Si bien, el trabajo político y las sendas denuncias públicas realizadas en contra de los diferentes órdenes de gobierno por incurrir en presuntos actos de corrupción, impunidad, abuso de autoridad y nepotismo, entre otras, les ha dado la oportunidad de ganarse la confianza, credibilidad y apoyo de importantes sectores sociales, esto en gran medida se debe a su distanciamiento, precisamente, de los partidos políticos.
No obstante, es legal y legítima su aspiración a ocupar un cargo de representación popular, aunque para lograrlo, lamentablemente, el medio más viable sea incorporándose a las filas de algún partido político.
Sin embargo, la enorme desconfianza, descrédito y rechazo que desde hace años cargan los partidos al privilegiar los intereses particulares de sus cúpulas, de sus familiares y de los estrechos círculos de incondicionales, por encima del interés de sus militancias y los ciudadanos de a pie, son grandes obstáculos que, de inicio, deberán superar los líderes sociales.
Tal es el caso de Domingo Meneses Rodríguez, reconocido dirigente de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso), quien ha dado férrea batalla en contra de la corrupción, y que en días recientes anunció su llegada al PRD, desde buscará llegar a un cargo de elección popular en las elecciones del próximo 2 de junio.
Un partido supuestamente de «izquierda», cuya dirigencia estatal navega entre francas contradicciones y debilidades ideológicas, tanto en su pensar como en su actuar. Cito un ejemplo: un día el diputado Juan Manuel Cambrón Soria se ufana en ser el único que votó en contra de la reciente reforma constitucional, aunque antes se sumó a sus pares para designar de manera unánime, mediante un proceso irregular, a Arturo Lucio Salas Miguela, como nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el mismo al que Domingo Meneses le tiene preparada una demanda por presunta malversación y desvío de recursos públicos, además de la falsificación de firmas en documentos oficiales, durante su paso como tesorero del municipio de San Pablo del Monte, durante la administración de Cutberto Benito Cano Coyotl. Así las cosas.
