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En espera de volver a arrasar en el proceso electoral del 2024, para su buena fortuna todavía bajo el amparo del segundo mandatario mejor calificado a nivel mundial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de tránsfugas se aprestan a tomar por asalto las candidaturas de Morena para asegurar su llegada a alguno de los más de 19 mil cargos de elección popular que se habrán de disputar en las 32 entidades federativas.
En Tlaxcala ex militantes del PRI, PAN y PRD; hijos y familiares de ex gobernadores, incluida una hija de la gobernadora Lorena Cuéllar, a la que le fue creada una Secretaría a modo; y, funcionarios públicos estatales, forman parte de la larga lista de aspirantes.
Carentes de toda preparación política e ideológica, ignorantes de los documentos básicos de Morena y, alejados de la militancia y de la base social, su único objetivo es llegar a saquear el erario, enriquecerse a costa del sudor y sacrificio del pueblo. El dinero es su único Dios, como lo dice López Obrador, de otra manera no sería posible comprarse en tan sólo dos años de esfuerzo millonarias residencias en zonas exclusivas del vecino estado de Puebla, o adquirir lujosos vehículos.
Grave error dejar salir en busca de algún cargo a Sergio González Hernández, Alfonso Sánchez García, Ramiro Vivanco Chedraui y Madaí Pérez Carrillo, entre muchos otros, cuyo paso por la Secretaría de Gobierno (Segob), Secretaría de Infraestructura (SI), Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) y el Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet), respectivamente, ha sido severamente cuestionado, y sin rendir cuentas del manejo millonario de recursos públicos, ahora pretenden convertirse en representantes del pueblo. Ajá.
Lo mismo pasó con Angélica Domínguez Hernández, quien, sin informar el destino de las millonarias cantidades que tuvo como responsable de la Coordinación de Comunicación, ahora despacha como titular de la Coracyt.
En todos los casos citados no hubo siquiera el mínimo intento de aplicar una auditoría a su gestión.