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El ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Foto Cuartoscuro / Archivo
- En cambio, avala que el pueblo elija a los miembros de la SCJN, la Judicatura y el TEPJF
Iván Evair Saldaña
Periódico La Jornada
Martes 29 de octubre de 2024
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá depurar varios artículos torales de la reforma judicial, principalmente anula la elección popular de jueces y magistrados. Sin embargo, da luz verde a las votaciones por la misma vía de los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal.
El proyecto del ministro, cuya discusión en el pleno se perfila para realizarse el próximo jueves, resuelve las acciones de inconstitucionalidad presentadas por PRI, PAN y MC, pero desecha las del Partido Unidad Democrática, de Coahuila, y de legisladores de Zacatecas. En éste también se propone invalidar la enmienda a la figura de «jueces sin rostro
«, entre otras en materia de amparo.
En el apartado de legitimación del proyecto, González Alcántara justifica revisar la reforma constitucional, ya que la equipara a leyes electorales federales. «Se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este alto tribunal es posible considerar que ciertas normas de la Constitución pueden ser calificadas de leyes electorales federales, para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en su contra
«, señala.
Sobre la anulación de las elecciones de los más de mil 600 jueces de distrito y magistrados de circuito justifica que, «aun sin analizar la mera elección popular como un método compatible con el régimen democrático y republicano para la elección de personas juzgadoras, es claro que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación, corrompen los fundamentos de nuestra República representativa y democrática
«.
Explica que el método de selección de candidatos a través de tres comités de evaluación, que deberán crear cada uno de los poderes de la Unión, no dan «certeza
» para que las personas electas impartan una verdadera justicia.
“El sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático… En última instancia, no existe certeza para los individuos sobre los perfiles de las personas juzgadoras que el día de mañana impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, sostiene.
Además, va por invalidar la reducción de remuneraciones para los actuales jueces y magistrados, pero avala que la medida sí aplique para los de nuevo ingreso.
De la misma forma, plantea echar atrás la figura de «jueces sin rostro
» en asuntos sobre delincuencia organizada, ya que considera que «más que una medida de seguridad para el juzgador, (es) un menoscabo directo de las garantías básicas del debido proceso legal de cualquier persona imputada
«.
González Alcántara evitó pronunciarse sobre la elección de ministros como «un ejercicio de autocontención
«, pero añadió que desea «el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión
«.
La propuesta también invalida limitaciones impuestas en el caso de los juicios de amparo, porque la reforma estableció que tratándose de estos supuestos «en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales
«.
Se avala la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y en su lugar respalda crear el Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración, pero propone anular algunas facultades que se le dan y el carácter inatacable de sus resoluciones.
También se mantiene la extinción de fondos y fideicomisos del PJF, de los cuales se calcula que concentran más de 15 mil millones de pesos.
Tomado de: https://www.jornada.com.mx/2024/10/29/politica/003n1pol
