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Raúl Contreras Flores
Miércoles 20 de noviembre de 2024
Mientras los grupos criminales extienden sus redes en el territorio tlaxcalteca dejando tras de ellos estelas de sangre, lágrimas, ira y dolor provocados por los innumerables delitos en su modalidad de homicidios dolosos (ejecuciones, feminicidios); robos (a domicilios, comercios, de automóviles y autopartes); asaltos (a domicilios particulares y negocios); extorsiones (cobro de derecho de piso, cibernéticas, vía telefónica); la no localización y trata de personas que a diario se cometen, la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, se encuentra muy “atenta” a las llamadas que recibe para ir a cumplir con su más “alta prioridad” que en estos momentos es, por lo que se observa en sus redes sociales, continuar con su papel de “primera actriz” en la grabación que realiza su “súper” equipo de producción en diferentes locaciones que sirven de marco para lo que será el video oficial de su tercer informe de su malogrado gobierno. El “detrás de cámaras”, le llama.
En otra parte de sus dotes histriónicas nos deja ver a una gobernadora más ocupada en publicar sus videoclips, lo mismo para presumir las artesanías que le son obsequiadas que para exhibirse a bordo de su costosa camioneta blindada degustando los ricos antojitos que gente del pueblo le regala. O también para mostrar las “grandes” obras de guarniciones, banquetas y pavimentaciones, sin faltar la reinauguración de otros inmuebles, previamente remodelados y repintados, que ejecuta su administración.
Todo lo publicado en las plataformas digitales deja ver a una gobernadora insensible, superflua, alejada del dolor de cientos de familias que se han convertido en víctimas de la delincuencia organizada, esa que una y otra vez, desde las altas esferas del poder, niegan su presencia en la entidad. Aunque no por algunos presidentes municipales, tal como lo fue la denuncia pública hecha por la alcaldesa de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna. Y otros más que prefieren mantener la boca cerrada para no enfrentar “castigos” presupuestales o la reprobación de sus cuentas públicas y hasta encarcelamientos selectivos.
Familias victimizadas que exigen justicia y sólo encuentran una inoperante Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) hundida en un mar de presuntas irregularidades cometidas desde el proceso de su creación, a la que se suman los ineficientes C2 y C5i que, a la fecha, con todo y que dice la gobernadora que se han invertido más de seis mil millones de pesos en materia de seguridad para adquirir sofisticados equipos con tecnología de punta, es la fecha en la que no han podido dar con el paradero de alguno de los presuntos delincuentes captados por cámaras de videovigilancia propiedad de particulares, cuyas imágenes circulan en las redes sociales.
A todo ello, hay que agregar el pésimo desempeño del marino Alberto Martín Perea Marrufo, séptimo secretario de Seguridad Ciudadana en los tres años de gobierno lorenista, quien, desde su llegada, “coincidentemente” se han incrementado los hechos delictivos en el estado, sin que se observe el menor intento por removerlo de su cargo.
En efecto, otra parte del problema le corresponde atender a las policías municipales, sin embargo, en la mayoría de los 60 municipios existe carencia de efectivos, patrullas, armamento, equipamiento adecuado y capacitación para enfrentar al crimen organizado, amen de los raquíticos salarios que perciben. Sin dejar de presumir que algunas corporaciones podrían estar permeadas por grupos delincuenciales. Razón por la cual se complica contar con policías aprobados en los exámenes de control y confianza.
Frente a esta problemática, en días pasados durante “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum demandó a los gobernadores asumir su responsabilidad en temas de seguridad. Destacó que los homicidios son delitos del fuero común, por lo que éstos deben ser atendidos por las fiscalías y policías estatales y, en determinados casos, en colaboración con instancias federales.
No obstante, remarcó que la responsabilidad de fortalecer a las policías estatales es de los gobiernos locales.
Pero, dadas las alarmantes condiciones de inseguridad que se viven en Tlaxcala, quizá lo mejor para sus habitantes sería que la Federación tomara el control o coordinación de las fuerzas de seguridad para contener la cadena de delitos.
De esta manera, la gobernadora neomorenista podría continuar sin ningún contratiempo con su papel “estelar” en sus videograbaciones.
