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Raúl Contreras Flores
- Participa en conversatorio organizado por el gobierno del estado de Jalisco
Tlaxcala, Tlax., 28 de agosto de 2020.- Con el propósito de contribuir en la elaboración de una reforma para alcanzar la eficacia y legitimidad tanto en las políticas como en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como plantear un cambio profundo en la relación entre ciudadanos y servidores públicos en el país, el doctor Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), participó en el panel “Derechos humanos, participación ciudadana y gestión de paz”, con el tema: “La situación de los derechos humanos en México y Jalisco”.
En este evento, organizado por el gobierno del estado de Jalisco y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, González Placencia sostuvo que el problema entre seguridad y derechos humanos nace en los años noventa, cuando comienza a cambiar la fenomenología delictiva y se presentan una serie de eventos que adquieren una dimensión de mercado, característica que no sólo está detrás de los delitos relacionados con la criminalidad organizada, que es donde se manifiesta con más claridad, sino que también se encuentra en delitos comunes como el robo, secuestro, tráfico y trata de personas, lo que deriva en la disyuntiva entre crear mecanismos de seguridad, o bien, respetar los derechos humanos.
Por otro lado, enfatizó que la capacitación policial no sólo debe consistir en impartir cursos, sino que se deben modificar las estructuras y mecanismos que, desde adentro, tienen estas corporaciones.
Bajo este esquema de actuación, plantea el rector de la máxima casa de estudios, se deben considerar tres aspectos de realce: primero, la policía debe tener claridad de que su función no está particularizada con el alcance de un objetivo privado o de partido, sino que son custodios de lo que se denomina fuerza pública y, por ello, se debe proceder con responsabilidad; segundo, se requiere de un entrenamiento para distinguir en qué momento se debe utilizar la fuerza, o bien, cuándo no debe aplicarse, además, tienen que sentir el respaldo de la organización, pero no bajo la forma de lo que se conoce como una especie de pacto de grupo, en el que se les permite todo, sino como un apoyo institucional que les provea de mecanismos de defensa certeros; tercero, contar con controles claros sobre la función policial, con una supervisión que permita que, desde el entrenamiento y después en operativos reales, se realice una valoración de su intervención.
El rector de la UATx precisó que este tipo de análisis es una tarea de los académicos y de las propias corporaciones policíacas, ya que no se puede aplaudir un acto de tortura ni una violación a los derechos humanos de una persona, por lo que, ante estos actos, se tiene que ser serios y reactivos a cualquier hecho que represente una desviación de la función que en una democracia se asigna a la policía.
Estuvieron en el conversatorio el doctor Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); la maestra Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Jalisco (Cepad); la licenciada Luz Stella Amaya Navarro, secretaria de Seguridad de Bogotá; y, el doctor José Jorge Amador, director de Seguridad Pública del ayuntamiento de Nezahualcóyotl.
(Con información del área de comunicación social de la UATx)
