CIUDAD DE MÉXICO — En el anuncio de televisión, Enrique Peña Nieto, presidente de México, pasea a lo largo de una hermosa playa, sus pies descalzos están dentro del agua cristalina mientras habla sobre los logros de su gobierno en el tema de medioambiente. El líder mexicano ha protagonizado varios comerciales por los que su gobierno ha pagado 2000 millones de dólares de recursos públicos en publicidad que promueve sus intereses.

Por ejemplo, en una campaña difundida el año pasado, se observa a Peña Nieto cuando da un recorrido por una fábrica aeroespacial, comparte una carne asada con rancheros y habla con residentes de un nuevo proyecto de vivienda. Al abrir casi cualquier periódico en México, anuncios de página completa alaban las escuelas reconstruidas después del terremoto del año pasado.

El fuerte gasto en publicidad, una práctica común en México desde hace mucho tiempo, tanto a nivel federal como estatal, ha sido duramente criticado por fomentar la cobertura adulatoria de funcionarios y silenciar a sus críticos.

Ahora, al enfrentar una fecha límite ordenada por la Suprema Corte, el Congreso mexicano está listo para adoptar una legislación que por primera vez regulará ese gasto. Sin embargo, los partidos políticos de oposición y los grupos de activistas ciudadanos afirman que la iniciativa de ley, respaldada por el partido al que pertenece Peña Nieto, es un engaño.

Jorge Triana, un diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), de oposición, dice que la medida deja intacta una ley no escrita que los funcionarios han impuesto a los medios desde hace tiempo: “No te pago para que me pegues”.

La mayoría de los medios en México dependen en gran parte de la publicidad oficial; pocos sobrevivirían sin ella. Esa dependencia da a los funcionarios una ventaja para presionar a los propietarios de los medios a que difundan historias favorables y eviten que otras salgan a la luz. Editores y reporteros dicen que los funcionarios de manera frecuente dan forma a las noticias, al decirles a las empresas de comunicación masiva qué deben o qué no deben reportar.

“El gobierno tiene a sus medios favoritos que fungen como voceros”, dijo Rafael Hernández, un diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. “Ellos los premian con jugosos contratos publicitarios, y ellos asfixian y castigan aquellas voces críticas que no replican el mensaje oficial”.

Los anuncios, que tienen el objetivo de informar a la población sobre servicios gubernamentales, son usados a menudo para pregonar los intereses de los funcionarios.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el primero en usar el gasto publicitario para sobornar a los medios, pero dicha práctica continuó después de que el PAN ganara la presidencia en el 2000. Peña Nieto prometió controlar el gasto en publicidad cuando asumió el cargo, pero concluye su periodo con un gasto mayor al de sus predecesores.

La iniciativa pendiente en el Congreso es una respuesta al fallo del año pasado de la Suprema Corte que ordenó a los legisladores regular el flujo de dinero del gobierno para que fuera distribuido de manera imparcial. La corte estuvo de acuerdo con Artículo 19, un grupo a favor de la libertad de expresión, que demandó al gobierno por sus prácticas en el gasto publicitario, y les dijo a los legisladores que aprobaran una ley a más tardar el 30 de abril de 2018.

El Congreso podría cumplir con la fecha límite, pero activistas dicen que la medida no contribuiría nada para solucionar el problema que la corte identificó: la libre expresión es afectada cuando el gobierno puede recompensar o castigar financieramente a los medios.

Con la iniciativa, el secretario de Gobernación evaluaría las campañas de publicidad federal bajo los principios de “eficiencia, economía, transparencia y honestidad”. Las agencias también reportarían al secretario sobre cómo han gastado sus presupuestos publicitarios.

Críticos afirman que la propuesta de ley destaca por lo que le hace falta: regulaciones específicas para promover un gasto y límites justos al presupuesto publicitario, así como la capacidad de asegurarse de que las reglas son cumplidas. En vez de eso, ellos argumentan, institucionaliza la publicidad oficial a discreción.

“La Suprema Corte no pide la formalización del statu quo: exige un cambio”, dijo Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En vez de eso, dijo, la propuesta legaliza “lo que la corte calificó como restricción indirecta a la libre expresión”.

Quienes apoyan la legislación afirman que aborda las preocupaciones de la corte al mismo tiempo que brinda al gobierno una forma de promover sus esfuerzos. Fijar un límite al gasto sería contraproducente, indican, porque fomentaría que las agencias gastaran hasta el tope.

“El gobierno puede y debe gastar menos que cualquier porcentaje fijo, por eso siempre es mejor tener un régimen flexible”, dijo la semana pasada Arturo Huicochea, diputado federal del PRI.

El gobierno de Peña Nieto gastó más del doble de su presupuesto en 2016 en anuncios oficiales, según Fundar, un grupo de transparencia que examina los datos del gobierno. El año pasado, el gobierno gastó la misma cantidad, alrededor de 500 millones de dólares, en publicidad y en apoyar a estudiantes a través de su principal programa de becas para universidades públicas.

A pesar de todo ese gasto, el índice de aprobación de Peña Nieto está entre los más bajos desde que los encuestadores comenzaron a medirlo en la década de los ochenta, un reflejo del disgusto generalizado con la corrupción de los funcionarios. Y conforme la elección presidencial del 1 de julio se acerca, el candidato que personalmente eligió, José Antonio Meade, se ubica en el tercer lugar de las preferencias.