GIEI: retraso de 4 años en caso Iguala por intrusión inexplicable de la FGR

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa aseguró ayer que hubo intromisiones inexplicables del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en los procesos de judicialización que ya habían avanzado de manera importante y que forzaron la renuncia –muy lamentable– del ex fiscal especial, Omar Gómez Trejo, a quien reconocieron su profesionalismo, independencia y ética.

Estas interferencias y obstáculos de la FGR al proceso podrían retrasar tres o cuatro años la investigación para el esclarecimiento y la justicia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y otros crímenes relacionados.

Además, ponen en riesgo las averiguaciones a las que está sujeto el ex procurador Jesús Murillo Karam. A pesar de las múltiples evidencias aportadas sobre su responsabilidad en la fabricación de la llamada verdad histórica y en la tortura a detenidos en busca de declaraciones autoinculpatorias, se corre el riesgo de que no se dicte una condena, con la resultante impunidad que perdura ya ocho años desde los hechos de Iguala, señaló el panel de especialistas.

Amplían mandato del grupo

Los cuatro integrantes del GIEI –Carlos Beristáin, Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago y Francisco Cox– ofrecieron una concurrida rueda de prensa de casi tres horas para dar a conocer los hallazgos de su tercero y último informe.

Su mandato, acordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno federal y los familiares de Ayotzinapa en 2014, vence hoy 30 de septiembre.

Sin embargo, los expertos informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, les pidieron prorrogar este término. Aunque AMLO les solicitó que se queden en México hasta el fin de su sexenio, en 2024, ellos prolongarán sus trabajos en el país al menos un mes.

En este lapso se harán los peritajes de las transcripciones que finalmente les entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), después de años de negar su existencia, con los chats que registran desde antes de 2014 la estrecha colaboración de corporaciones de seguridad, incluidos militares, funcionarios estatales y municipales con el narcotráfico, en la ya conocida y documentada conexión Iguala-Chicago.

Estas intercepciones de teléfonos lo que demuestran es el funcionamiento de la macrocriminalidad con autoridades civiles y castrenses, explicó la penalista Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala.

A su vez, Ángela Buitrago reconoció que confían en la voluntad política del presidente López Obrador para llegar al fondo del caso, a pesar de las acciones que han dificultado en los meses recientes el trabajo del propio grupo, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que encabezaba Gómez Trejo.

El mismo mandatario nos lo explicó y porque, como comandante supremo de las fuerzas armadas, fue quien ordenó que se abrieran los archivos de la Sedena, que fue lo que finalmente permitió el acceso a información importante que se necesitaba corroborar, señaló Buitrago, abogada colombiana.

Sin embargo, el GIEI toma nota con preocupación que la unidad especial de investigación se quedó sin policías y sin agentes del Ministerio Público que conozcan a fondo el expediente. Sólo una persona pudo haber dado esta orden, sostuvo Buitrago, sin mencionar el nombre de Gertz.

Esta orden se emitió después de que el fiscal especial Gómez Trejo solicitara 83 órdenes aprehensión, entre ellas las de 21 militares. Los miembros del GIEI informaron que, hasta la fecha, desconocen los fundamentos de esta decisión del juez. Esa orden de desistimiento fue emitida con criterios ajenos a la investigación.

Caldo de cangrejo para el teniente

Una de las consecuencias de la inexplicable intromisión de la FGR en las semanas recientes fue la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas las de militares y civiles cuya responsabilidad está demostrada en las evidencias presentadas.

Uno de ellos es quien era comandante del 41 Batallón de Infantería durante los hechos, el coronel Rafael Hernández Nieto. Este nombre aparece en varias charlas virtuales entre miembros del cártel Guerreros Unidos y sus superiores, dando cuenta de la colaboración que brindaban corporaciones militares.

Los mensajes enviados y recibidos en teléfonos Blackberry, evidencias de la fiscalía de Estados Unidos, fueron solicitados por el GIEI desde 2015 a la extinta PGR, pero fueron entregados hasta julio de este año. Las transcripciones de estos diálogos fueron analizados por la unidad especial. De ahí se desprendió la responsabilidad de varios funcionarios cuyas órdenes de aprehensión fueron solicitadas por el fiscal especial y fueron revocadas por un juez a petición de la FGR.

La experta Claudia Paz y Paz aseguró que hay al menos 12 mensajes en los que se hace mención a la complicidad de militares con los traficantes de cocaína. En estos se habla de jales que se hacen de manera conjunta, de estar comiendo o llevarles comida a oficiales y uno que habla de llevarle al teniente su caldo de cangurejo, error de dedo por decir cangrejo, que en el argot de los bajos fondos alude al movimiento de las pinzas de un cangrejo que también significa lana, dinero; es decir, sobornos.

Otro nombre mencionado en las charlas transcritas y corroborados es el del capitán José Martínez Crespo, a quien mencionan como alguien que los ayuda a que no tengamos pedo. Crespo, actualmente preso, aparece en varios escenarios del crimen de Iguala: llegó a la barandilla de la comisaría donde habían llevado a algunos normalistas que finalmente no fueron procesados sino desaparecidos; estuvo en el Hospital Cristina amenazando a otros estudiantes que se habían refugiado ahí y donde pidieron que fuera atendido el estudiante Aldo Gutiérrez, quien perdió la mandíbula de un balazo de los policías que atacaron a los jóvenes y quien no recibió esa noche atención médica pese a su gravedad.

Nuevas evidencias a partir de archivos militares

Los cuatro expertos dieron cuenta de su trabajo en medio de un clima crispado por las acciones de la FGR, las resistencias de la institución castrense, el descabezamiento de la fiscalía especial y el desistimiento de las órdenes de aprehensión logradas con tanta dificultad.

Sin embargo, puntualizaron que antes no teníamos ni la certeza ni las pruebas que hoy tenemos. Sí hay avances. En esta última etapa hemos recibido mucha información que nos permite ver una parte de la verdad que nos había sido esquiva. El informe sostiene que, desde enero de 2020, el GIEI insistió en recabar toda la información en poder de las instituciones de seguridad pública y el acceso a sus archivos. El titular de la Sedena, general Cresencio Sandoval, entregó alguna información entre enero y marzo.

“Sin embargo –explica el GIEI– fue necesaria la intervención del presidente” para obtener el acceso total a partir de abril de 2021. Dan cuenta de que hubo varias reuniones de López Obrador con ellos y la cúpula de la Sedena.

Encontraron que los archivos escamoteados estaban concentrados en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en el norte de Iguala (Cerfi) y en unidades militares llamadas FCA (formato cifrado arcano; y GAOI (grupo de análisis de orden interno”. Pero a la fecha todavía no se tiene la información completa. Este es el mayor acervo de información de los hechos de Iguala.

También indicaron que en este tercer informe hay nuevas evidencias sobre los presuntos torturadores y asesinos de Julio César Mondragón, el estudiante que fue encontrado en las inmediaciones del enfrentamiento la noche del 26 de septiembre en Iguala. Este joven mexiquense, casado y con una niña pequeña, fue desollado vivo y, según una última autopsia, sufrió al menos 64 fracturas.

Por último, el español Carlos Beristáin reconoció que en estos ocho años las mamás y los papás de los muchachos desaparecidos han sido maltratados y revictimizados, no solamente con la verdad histórica de Murillo Karam, sino en muchos otros momentos de versiones falsas y contradictorias.

“Ellos siempre le han dicho a las autoridades: ‘pónganse en nuestro lugar, piensen que es un hijo suyo el que está desaparecido. No nos mientan nunca.’ Este es un ejercicio que tiene que ser permanente”.

Tomado de: https://jornada.com.mx/2022/09/30/politica/005n1pol