0
0
panorama21
La aprobación que realizaron los subordinados diputados de la LXIV Legislatura local, referente a la adición de los capítulos “Del Sistema de Transporte Público de Pasajeros mediante Alternativas Tecnológicas de Movilidad Sustentable” y el “De las Concesiones de Caminos y Carreteras Estatales”, a la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, tuvo como objetivo fundamental privilegiar los intereses económicos de empresas afines al gobierno de Lorena Cuéllar.
Un caso específico es la insistente construcción del llamado “autotrén” en la ciudad capital, así como abrir la posibilidad de concesionar, hasta por un período de 30 años, las carreteras existentes o las que en un futuro se llegaran a construir, en las que se establecería el pago de peaje.
Si, como se pregona desde el poder, se quisiera beneficiar a la población, ofrecerle mejores condiciones de movilidad y garantizar un transporte seguro y de calidad, se tendría que comenzar por reordenar a fondo el sistema de transporte público, deshacer los nodos urbanos que se encuentran sobresaturados, que se atiendan las zonas urbanas y rurales que carecen del servicio, que se respeten rutas y se amplíen los horarios, sustituir las unidades que tienen más de 15 años de antigüedad y que son un peligro para los usuarios.
Asimismo, terminar con los monopolios creados por líderes vitalicios, quienes se ponen al servicio de los gobernadores en turno para no perder sus canonjías, y son los que impiden que haya una sana competencia en la prestación del servicio.
Regular y aprobar el servicio de mototaxis, necesario para grandes núcleos de población que habita en zonas que, debido a las complicadas condiciones topográficas, los autos no pueden acceder.
Lo demás no deja de ser un simple discurso para justificar los grandes negocios en beneficio de la clase gobernante.
