16 de febrero de 2025
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  • Los casos del TSJE y la  CEDH

Imágenes archivo tlaxcultuarte

Raúl Contreras Flores

Tlaxcla, Tlax., 10 de marzo 2019.- Tras la controversia desatada en torno al presunto incremento salarial del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (TSJE) Héctor Maldonado Bonilla, mediante el cual percibiría más de 205 mil pesos al mes -casi el doble de los 108 mil que recibe el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador- cuyo tema no ha sido aclarado hasta el momento, se suma ahora el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Aquí el asunto controversial reside en el pago que, presumiblemente, ya se habría realizado a los cuatro consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la citada Comisión, cuyo cargo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es de carácter honorífico.

Al respecto, Víctor Cid del Prado Pineda, presidente de la CEDH, comenta que el pasado mes de septiembre ingresó un oficio ante el Congreso del Estado a través del cual solicitaba reformar el artículo 96 de la Constitución Política local, a efecto de que al cargo de consejero se le quitara el carácter de honorífico, y destinarles dentro de la legalidad un salario justo, el cual estaba calculado en alrededor de 41 mil pesos mensuales, incluyendo prima vacacional y aguinaldo.

Esta petición fue retomada por el diputado José Luis Garrido Cruz, quien presentó el 30 de octubre pasado un proyecto de decreto en donde plantea, precisamente, reformar los párrafos primero, quinto y séptimo del artículo 96. Iniciativa que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. A la fecha aún no se dictamina al respecto, por lo que los consejeros se mantienen en el cargo con el status de honorífico, es decir, sin percibir ningún tipo de salario.

No obstante, el asunto se complicó y generó confusión porque en el Decreto No. 80 publicado en el Periódico Oficial el pasado 31 de enero, referente al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscao 2019, el anteproyecto de presupuesto presentado por la CEDH no se corrigió y fue publicado con la inclusión de salario para los cuatro miembros del Consejo Consultivo: Mayra López Lara, Juan Pérez Santacruz, Hebert Romero Tlatapal y María del Carmen Cruz Padilla, en efecto, sin haberse aprobado la reforma constitucional solicitada inicialmente por Cid del Prado Pineda y secundada en tribuna por el diputado José Luis Garrido.

Frente a tales circunstancias, resulta necesario y urgente que cada una de las partes involucradas en esta controversia asuma la parte de responsabilidad que le corresponde y aclarar ante la opinión pública el origen del error, así como proceder de inmediato a su reparación, ya que ante los severos cuestionamientos que se han hecho respecto a esta situación, infundados o no, lo único que se provoca es erosionar aún más la maltrecha imagen de las instituciones del poder público.

Tal es el lamentable caso por el que atraviesa desde hace ya más de 15 meses el llamado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), en donde la interminable pugna entre los tres comisionados mantienen prácticamente paralizado a este órgano garante de la transparencia; otro caso es el TSJE y la opacidad con la que se maneja, la impunidad en la impartición de justicia y ahora el cuestionado asunto del incremento de salarios; así como el desastroso papel que viene desempeñando la mayoría de diputados de la LXIII Legislatura local, sobre todo quienes llegaron arrastrados por el efecto López Obrador, hoy presidente de México, a quien han traicionado en su lema de «no robar, no mentir y no traicionar»; y, ahora la CEDH y el presunto quebranto de las disposiciones constitucionales al pagar a personal con cargo honorífico.

Al respecto, conviene señalar que el presupuesto autorizado para la CEDH en 2018 fue de 21 millones 366 mil 660 pesos con 40 centavos. La propuesta de presupuesto para el 2019 presentada por el presidente de este órgano autónomo fue de 27 millones 348 mil 195 pesos con 45 centavos, es decir, un aumento de 5 millones 981 mil 535 pesos 05 centavos.

El mayor incremento se refería al capítulo 1000, Servicios Personales, con 4 millones 938 mil 292 pesos, 05 centavos. La justificación fue que se incrementaría la plantilla del personal con la creación de la octava visitaduría con sede en el municipio de Nativitas y una visitaduría adjunta en Tlaxcala. Aquí se podría inferir que también estaba considerado el pago a los consejeros en caso de que se hubiera aprobado la reforma al artículo 96 de la Constitución local.

En el capítulo 3000, Servicios Generales, partida 3251 Arrendamiento de equipo de transporte, aparece en el anteproyecto de presupuesto una cantidad por 845 mil pesos. La justificación fue que el estado de deterioro en que se encuentra el parque vehicular es avanzado, además de que las unidades son insuficientes para atender la demanda de la población. Por otro lado, los costos de reparación son elevados y no garantizan un buen funcionamiento, ya que son vehículos de modelos atrasados sin antecedentes de mantenimiento preventivo o correctivo, por lo que se vuelven un serio peligro para el personal de la dependencia. Arrendamiento que es la opción adecuada ante el impedimento que tiene la CEDH para comprar vehículos propios.

A pesar de estas consideraciones, finalmente el presupuesto aprobado, de acuerdo al citado Decreto 80, fue por la cantidad de 21 millones, 866 mil 660 pesos, 40 centavos, es decir, sólo tuvo un aumento de 500 mil pesos.

Presupuesto que, de ninguna manera, alcanzaría para pagar el monto de los salarios estipulados en el mismo Decreto, menos aún para destinar recursos al pago de los cuatro consejeros así como la homologación salarial para todas las categorías contempladas en el tabulador presentado.

Por lo tanto, no queda más que hacer un deslinde de responsabilidades y corregir lo publicado en el Decreto 80 en el Periódico Oficial del 31 de enero pasado, y que la presidencia de la CEDH demuestre que los cuatro consejeros del Consejo Consultivo no han recibido pago alguno.

Por su lado, el Congreso local tendrá que dar celeridad y emitir el resolutivo correspondiente respecto a la solicitud presentada por Víctor Cid del Prado Pineda, en el sentido de eliminar el carácter de honorífico a los consejeros para que éstos puedan recibir salario por sus servicios prestados. Aunque esto seguramente tendría que ser hasta el próximo año, dado que presupuesto de egresos 2019 ya entró en vigor.

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