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Imagen: Archivo Raúl Contreras
Raúl Contreras Flores
A más de un año y meses en que habrá de llevarse a cabo el próximo proceso electoral en la entidad tlaxcalteca, en el que habrán de renovarse la gubernatura, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y de comunidad, los demonios se soltaron desde meses atrás y algunos, en su loca carrera cual chivos en cristalería, andan colgándose de todo tipo de eventos para hacerse notar en la arena política.
Tal es el caso de quien desde estos momentos sus encuestadores a modo y pajecitos ya lo consideran como “el próximo gobernador»; aunque muy seguramente de las llamadas «benditas redes sociales» (López Obrador, dixit).
Dentro de este vendaval de aspirantes, un número harto significativo de funcionarios públicos y representantes populares, más que centrar sus esfuerzos en cumplir con la responsabilidad que les fue conferida y entregar buenos resultados a la ciudadanía, hoy están más ocupados en hacer proselitismo político ante la complacencia de las autoridades electorales locales y federales, las que hasta el momento no han emitido ningún pronunciamiento frente a la descarada actividad preelectoral de ambiciosos «políticos» que muy poco o nada han aportado a Tlaxcala; esto a pesar de ocupar en repetidas ocasiones curules y escaños en el Congreso de la Unión, o bien, en el Congreso del Estado o alguna presidencia municipal.
Alevoso escenario provocado por lagunas jurídicas que, presumiblemente, existen en las leyes en la materia. Asunto que merece ser revisado por el Congreso local, aunque tendrá que ser en la próxima legislatura, ya que la actual está incapacitada para realizar trabajo legislativo serio y responsable.
Realizar una revisión exhaustiva a la ley vigente y realizar las reformas necesarias para que los procesos electorales se lleven a cabo con piso parejo para todos los contendientes, es decir, cerrar todo espacio para impedir que se efectúen campañas políticas adelantadas, ya sea de manera abierta o velada, que rompan con el principio de imparcialidad en la contienda electoral. Sobre todo por parte de aspirantes que en esos momentos no ostentan cargo alguno y se ven en la «libertad» de hacer y deshacer a su libre albedrío, sin que ninguna autoridad los pueda meter al orden.
Quizá también sea oportuno revisar las modificaciones hechas a la ley federal en materia electoral y su aplicación en el ámbito local, por ejemplo, en lo que se refiere a la compra y coacción del voto, así como en la promoción de la imagen personal.
En el mismo sentido, también se tendría que revisar el presunto uso clientelar que se estaría haciendo desde la delegación de la Secretaría del Bienestar con los programas sociales impulsados por el gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador, cuya reciente reforma hecha al artículo 19 constitucional establece prisión preventiva oficiosa en caso de hacer uso de programas sociales con fines electorales.
Aún falta mucho tiempo para el mes de junio de 2021, pero poco será para los miles de aspirantes tlaxcaltecas que desean ocupar un cargo de elección popular. Pero, ¿para qué?
