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Imagen ilustrativa tomada de Internet
Raúl Contreras Flores
Uno de los usos y abusos en los que invariablemente se incurre durante los procesos electorales es el de la aplicación de estudios demoscópicos a través de los cuales se pretende vender la idea del posicionamiento o grado de aceptación de determinado candidato a algún puesto de elección popular.
Incluso, antes de iniciar de manera formal las campañas proselitistas, algunas encuestas ya indican “marcadas tendencias» en las preferencias electorales a favor de algún candidato, con el claro objetivo de apuntalar el sufragio a su favor, o bien, desalentar la participación ciudadana al “saber” que el candidato de su preferencia no tendrá ninguna posibilidad de obtener el triunfo en las urnas.
No obstante, en recientes procesos electorales, tanto en el ámbito nacional como local, varias empresas encuestadoras incluso de alto prestigio han quedado evidenciadas al errar de manera escandalosa en los resultados obtenidos en sus estudios demoscópicos.
Al respecto vale comentar que quienes tuvimos la oportunidad de recibir a través de nuestra formación profesional nociones básicas de metodología y estadística, sabemos que el diseño y aplicación de una encuesta es tan manipulable como la masa para elaborar pan.
Desde el momento mismo en que se plantea el objetivo por alcanzar, inicia el diseño propio de la encuesta y su estrategia de aplicación, es decir, la orientación de las preguntas y respuestas deseadas, así como el sector o sectores sociales seleccionados para realizar el muestreo.
De tal forma que el “estudio de opinión” quede a la medida de quien o quienes pagan el diseño, la estrategia y aplicación del estudio demoscópico («el que paga, manda», reza el refrán popular).
Por supuesto que existen empresas encuestadoras serias, con ética y profesionalismo, que se dedican a realizar este tipo de estudios de manera objetiva e imparcial, sin más propósito que mostrar una imagen de la realidad electoral que priva en ese momento.
En todo caso, sería conveniente que las empresas transparentaran toda la información de la metodología aplicada, acompañada de los nombres de quién o quiénes solicitaron tales estudios.
El otro tema tiene que ver con la exagerada difusión que se le da a esos resultados a través de los diferentes medios de comunicación, lo que genera entre la ciudadanía un ambiente de incertidumbre y confusión al mostrársele porcentajes, en ocasiones bastante contrastantes, para el mismo candidato de una encuesta a otra.
Por lo tanto, es necesario reglamentar el uso y difusión de los resultados obtenidos mediante la aplicación de estas herramientas, tanto para los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, así como para las empresas encuestadoras y, por supuesto, para su publicación en los medios de comunicación en sus diferentes versiones.
Es un deber moral y ético que los medios deben asumir en aras de contribuir a la democracia a la que se aspira vivir en el país.
