0
0
Terremoto 7.1
Raúl Contreras Flores
Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México (CDMX) son las entidades que en mayor grado resultaron afectadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasado, con magnitudes de 8.2 y 7.1 grados Richter, respectivamente. Inevitables fenómenos terrestres de la madre naturaleza, a los que se suman los inacabables actos de corrupción e impunidad en los que incurren los diferentes órdenes de gobierno, políticos y funcionarios públicos de todos los niveles.
A diferencia del terremoto sufrido también un 19 de septiembre del año de 1985 (07:19 horas), hoy la dimensión de la catástrofe ha quedado registrada en miles de imágenes y cientos de videos publicadas y transmitidos en diferentes medios impresos, electrónicos y cibernéticos, en donde sobresale la labor social realizada a través de las llamadas redes sociales. De esta manera ha sido posible observar las terroríficas escenas -algunas de éstas transmitidas en vivo– de la destrucción de miles de casas-habitación, conjuntos multifamiliares, edificios públicos y empresariales de diversos usos, así como planteles escolares oficiales y privados.
A la fecha suman ya cerca de 400 personas fallecidas y miles de heridos a causa de estos intensos movimientos telúricos ocurridos en las zonas centro y sur del país.
Hoy, cientos de familias sobreviven prácticamente a la intemperie sufriendo las inclemencias del cambio climático: sol calcinante, lluvias torrenciales y anticipados fríos invernales. En tanto que miles de damnificados se encuentran hacinados en improvisados albergues carentes de servicios básicos, en donde la aparición de enfermedades diarreicas y de vías respiratorias se multiplican de manera exponencial, con el riesgo latente de la aparición de alguna epidemia. En suma, hombres, mujeres, niños y ancianos que lo han perdido todo, viven de la caridad pública ofrecida principalmente por la sociedad civil.
Singular fenómeno social que, igual que en el 85, ahora en el 17 nuevamente nutridos grupos de ciudadanos volvieron a tomar la iniciativa y, apenas transcurridos los primeros minutos posteriores a ambas tragedias, con lo que tuvieron a la mano dieron inicio a la búsqueda de sobrevivientes y al rescate de los cuerpos sin vida de quienes no tuvieron la fortuna de escapar de los inesperados como sorpresivos derrumbes de casas y edificios.
Informes extraoficiales indican que la mayoría de los inmuebles que se cayeron en la CDMX tenían una antigüedad promedio de 50 años; una cantidad menor no rebasaba los 30, es decir, que fueron construidos después del terremoto de 1985; y sólo dos o tres edificios tenían entre uno y tres años de vida.
En el primer caso, versiones de especialistas en ingeniería y arquitectura refieren que algunas de las causas que provocaron esos derrumbes fueron la falta de reparación adecuada de las estructuras colapsadas en el 85 y el escaso o nulo mantenimiento. Respecto al segundo caso, se presume que no se cumplió con la aplicación del reglamento de construcción vigente, cuyas reformas de 1986 contemplan artículos específicos para prevenir daños por sismos de intensa magnitud como los recientemente ocurridos; o bien, no se cumplió con las especificaciones y calidad de materiales indicados en los planos constructivos. No obstante, en ambos casos habrían privado actos de negligencia, irresponsabilidad y corrupción entre propietarios, autoridades y empresas constructoras.
Así quedó evidenciado, por ejemplo, en el caso del Colegio Enrique Rébsamen, cuya parte derrumbada, según testimonios de vecinos, tenía menos de tres años de haber sido construida, mientras que el resto del edificio que soportó el intenso movimiento telúrico, tiene más de 40 años de existencia.
Y las fallas administrativas comenzaron a salir a la luz pública, en donde presumiblemente estarían implicados la propietaria-directora del citado Colegio, el perito responsable de dictaminar el estado físico del inmueble y las autoridades de la delegación que habrían dado los permisos correspondientes para llevar a cabo las modificaciones estructurales y arquitectónicas, precisamente en la parte que se vino abajo. Habrá que esperar el dictamen correspondiente, el deslinde de responsabilidades y la aplicación de la ley a quienes la hayan infringido.
Frente a este complicado panorama, aún queda pendiente por dictaminar la situación de miles de inmuebles que se encuentran colapsados tan sólo en la CDMX, de los cuales cientos tendrían que ser demolidos, esto de acuerdo a los reportes proporcionados por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
En medio de este dantesco escenario no podía faltar el protagonismo de la clase política, algunos de cuyos miembros pretendieron apoderarse de los víveres, medicamentos, ropa y herramientas que ciudadanos de prácticamente todo el país habían recolectado para ser entregados a las víctimas de los terremotos. Tal fue el caso del gobernador de Morelos Graco Ramírez y su esposa, quienes intentaban hacer llegar esa ayuda a través del DIF estatal y de esa manera promocionar la imagen de su gobierno, con tintes meramente proselitistas.
Tampoco se salvaron del maltrato oficial brigadistas internacionales, quienes llegaron de diferentes partes del mundo a nuestro país con el único objetivo de apoyar las labores de rescate de las personas que habían quedado atrapadas entre toneladas de escombro.
Tragedias del 7/S y 19/S que volvieron a enlutecer nuestra maltrecha nación; y, a pesar del sufrimiento y dolor que en esos momentos se vivían, de manera ignominiosa se usó el derrumbe parcial del Colegio Enrique Rébsamen para montar una telenovela de drama y suspenso, dirigida a tocar las fibras más sensibles de los televidentes, en aras de aumentar el rating y su efecto en el incremento de las utilidades económicas de la empresa televisora especialista en el engaño y la mentira informativa.
En efecto, me refiero al patético caso de Frida Sofía, una niña que, según conductores de la televisora más poderosa de México, se encontraba viva en espera de ser rescatada de entre los escombros y hasta habría pedido agua. Sin embargo, después de largas horas de transmisión ininterrumpida desde ese lugar, en donde hizo acto de presencia el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer, Frida Sofía nunca salió, nunca apareció, ni viva ni muerta; tampoco nunca aparecieron padres que reclamaran su cuerpo, ¿por qué?, porque simple y sencillamente la niña Frida Sofía nunca existió. Un descrédito más en la creciente lista del canal de las estrellas.
Por otra parte, el gobierno federal anunció que en fechas próximas habrá de dar inicio la entrega de apoyos para la reconstrucción, a través de la entrega de cheques y monederos electrónicos con sumas que van de los 3 hasta los 120 mil pesos para quienes lo perdieron todo. Cantidad esta última que es completamente insuficiente para recuperar el patrimonio perdido. Y que se otorgarán créditos a través de las diferentes instituciones encargadas de atender el asunto de la vivienda.
En este sentido, cabe preguntar: ¿dónde están y en qué se van a aplicar los millones de dólares que gobiernos de distintos países han donado para iniciar los trabajos de reconstrucción de las zonas devastadas?
Las cifras que Gobernación menciona como necesarias para llevar a cabo esos trabajos, en un primer acercamiento alcanzan alrededor de los 40 mil millones de pesos, cifra que seguramente habrá de alcanzarse con la suma del presupuesto destinado al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), calculada para este año en más de seis mil millones de pesos, más las aportaciones económicas que han ofrecido gobiernos de otros países, más el bono catastrófico del Banco Mundial calculado en 150 millones de dólares.
Aunado a estos recursos están los donativos y aportaciones de distintos fideicomisos -Fuerza México, entre otros-, fundaciones, el Papa Francisco, empresas privadas, organizaciones de artistas nacionales y extranjeros, deportistas y de la sociedad civil; aportaciones que sin duda rebasarán el monto señalado por Gobernación. Sin olvidar el compromiso asumido por los partidos políticos de regresar parte del dinero que sería destinado a las campañas políticas del proceso electoral del próximo año, y que suman varios miles de millones de pesos.
Entonces, ¿cuál es la razón por la que se opta promover la apertura de créditos para vivienda e ir dosificando la entrega de los apoyos económicos para quienes lo perdieron todo, incluso sus pequeños o medianos negocios localizados en las construcciones colapsadas?
Por otro lado, recordemos que una constante presente en la gran mayoría de las viviendas que se vinieron abajo o quedaron severamente dañadas en las zonas más pobres y marginadas, y que no existe otra alternativa más que echarlas abajo, es que fueron autoconstruidas, es decir, que no existió proyecto ni asesoría técnica por parte de profesionales de la arquitectura o ingeniería; y, ahora se pretende impulsar de manera irresponsable el proceso de reconstrucción a partir, otra vez, de la autoconstrucción, con el grave riesgo de que las nuevas viviendas vuelvan a colapsarse ante la cada vez más constante presencia de intensos movimientos telúricos.
Otro tema que no se debe olvidar es que estamos viviendo en pleno proceso electoral, el cual habrá de culminar el año próximo con la elección de presidente de la república, la renovación de gobiernos y congresos locales en varios estados del país, y esta es una gran oportunidad para que los políticos y funcionarios públicos hagan mal uso de los recursos destinados a la reconstrucción del país. Está el burdo ejemplo Graco.
En este caso, es urgente y necesario crear un órgano colegiado dentro de la sociedad civil que dé puntual seguimiento al destino de los recursos materiales y económicos para evitar hasta donde más se pueda su mal uso, así como preparar nuevas colectas con el objetivo de hacerlas llegar directamente a los damnificados en los meses de diciembre y enero próximos, tiempos simbólicos en todo el mundo, y que sin duda nuestros hermanos en desgracia lo habrán de agradecer.
Imágenes tomadas de Internet
